Diario La Razón
Viernes, 10 de Diciembre 2010
Viernes, 10 de Diciembre 2010
por: Jaime Salinas*
Suceden extrañas conexiones entre el régimen municipal saliente del hoy candidato presidencial Luis Castañeda a través de su sucesor, Marco Parra y el entrante de la alcaldesa electa Susana Villarán, representada por su regidora re-electa Marisa Glave. En la sesión del jueves pasado se aprobó de forma sospechosa la Ordenanza N° 1466 (que extrañamente ha sido borrada de la página Web de la Municipalidad de Lima al escribir esta columna) y que, entre otros, quita las atribuciones a las municipalidades de Miraflores, San Isidro y Surco a decidir sobre el número de pisos de las construcciones a ser desarrolladas en dichas zonas transfiriendo esta función a la Municipalidad de Lima. Pregunto: ¿No les parece raro que a menos de un mes de iniciar una nueva gestión y en pleno proceso de transferencia se apruebe una ordenanza de esta naturaleza que huele a negociado de alguien y la alcaldesa entrante no diga nada? Recordemos que la alcaldesa electa dijo durante su campaña que fiscalizaría a fondo la gestión de Castañeda y sin embargo ante estos hechos guarda un hermético y sospechoso silencio. ¡El que calla otorga Sra. Villarán!
¿No les parece extraño también que en los distritos más “apetecibles” de Lima para los constructores, se le transfiera a la Municipalidad de Lima la potestad de decidir el número de pisos a construir pasando por encima a los vecinos y esto cuente con el apoyo de la regidora Glave quien es la vocera más conocida de la Sra. Villarán? Por ejemplo, con esta ordenanza, en San Isidro, donde el límite a construir actualmente es de 7 pisos, con la nueva norma la alcaldesa podrá otorgar licencias de hasta 20 pisos. ¡Qué tal faenón!
Pero la cosa no termina allí. Lo más grave es que la ordenanza 1466 ha sido promulgada con la explícita aprobación de la regidora Marisa Glave, mano derecha de la Sra. Villarán, quien en declaraciones a la prensa esta semana dijo: “Que esto no tenía nada de malo o irregular sino que, por el contrario, le parecía muy bien (es decir, seguramente votó a favor de la írrita ordenanza) ya que con este tipo de normas se le devolvía a la Municipalidad de Lima atribuciones que había perdido”. Me pregunto: ¿esto es ingenuidad o complicidad?
El suscrito es regidor electo de Lima, y si bien considero correcto el realizar una auditoría a una gestión saliente cuando se asume una función pública, para saber de dónde se comienza, no creo que sobre este tema debió girar la campaña municipal, más aún cuando Lima necesita que se solucionen temas urgentes como la seguridad y el transporte. Sin embargo, ante hechos tan extraños como los descritos, el primer día de funciones propondré en el Consejo Municipal revisar todo lo “acordado” en este proceso de transferencia y exigiremos la derogatoria de esta u otras ordenanzas que hayan sido aprobadas en desmedro del bienestar de los vecinos.
Lo dije en un artículo anterior y lo reitero ahora: “si algunos creen que con acuerdos bajo la mesa van a borrar lo irregular o a tocar, siquiera un sol, de los vecinos de Lima para propósitos subalternos, pues allí me encontrarán, listo para dar lucha”.
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